El reciente asesinato del CEO de una reconocida aseguradora privada en Estados Unidos ha despertado un debate sobre dos temas fundamentales: las prácticas de las aseguradoras privadas frente a los sistemas de salud pública, y cómo la justicia penal aborda los crímenes en diferentes contextos, desde asesinatos individuales hasta los masivos.
Para ponernos en contexto hay que saber que el sistema de salud en Estados Unidos se caracteriza por la gestión saniraria por parte de aseguradoras privadas, que actúan como intermediarias entre los ciudadanos y los servicios médicos. Estas empresas, cuyo unico objetivo es ganar dinero, establecen criterios estrictos para autorizar tratamientos, limitando la cobertura o incrementando los costos de manera que muchas familias quedan endeudadas o sin acceso a atención médica. Esta practica es conocida por ser la base de la serie Breaking Bad.
Las críticas hacia este modelo se intensifican cuando se contrastan estas prácticas con sistemas de salud pública como el español, basado en el principio de universalidad y financiado a través de impuestos. En España, cualquier ciudadano tiene derecho a atención médica gratuita o de bajo costo, independientemente de su situación económica. Mientras que en EE. UU. la salud es vista como un bien de consumo, en España se considera un derecho fundamental recogido en el articulo 43 de nuestra constitucion.
El CEO asesinado simbolizaba, para algunos críticos, las decisiones corporativas que priorizan las ganancias sobre el bienestar de las personas. Esto no justifica, bajo ningún concepto, el crimen, pero pone de manifiesto las tensiones que existen en torno a un sistema que muchos consideran injusto.
El sospechoso del asesinato enfrenta una posible condena de cadena perpetua o incluso la pena de muerte, dependiendo del estado en el que sea juzgado. Esto contrasta con cómo se manejan otros casos en el sistema judicial estadounidense, especialmente los relacionados con asesinatos masivos.
En EE. UU., los perpetradores de tiroteos masivos, a menudo adolescentes o jóvenes, suelen recibir largas condenas de prisión, pero rara vez enfrentan una pena de muerte.
No deja de ser curioso que el asesinato de un CEO pueda tener una condena mayor respecto a un asesinato masivo en un colegio. Esto pone de manifiesto que el propio poder se autoprotege cargando mas las condenas contra victimas de la elite. El asesinato de un CEO de una aseguradora privada en EE. UU. no solo es un acto condenable, sino un síntoma de las tensiones sociales que genera un sistema de salud desigual y una justicia que a menudo parece ser más severa en casos individuales que en situaciones de violencia masiva.